La Asamblea Nacional aprobó el pasado 12 de mayo la Ley Antisecuestro y Extorsión.

Diputados de la AN, en perfecta sintonía

La nueva legislación prevé penas de entre 15 y 20 años tanto para quien ejecute el secuestro propiamente dicho, pero también para quienes se desempeñen como custodios o cómplices en cualquier grado de este delito. También establece penas hasta por 10 años a quienes simulen haber sido secuestrados para obtener algún beneficio.

Fue modificado el artículo 11, en que se establecen penas de hasta 14 años de cárcel para los allegados de algún secuestrado que paguen rescate a los secuestradores. A su vez, se modifican los artículos 15 y 16, de los cuales se desprende la obligación por parte del Ministerio Público de realizar un inventario y posterior congelación de los bienes de familiares. Anteriormente, quedaba “a discreción” del Ministerio Público el ejercicio de tal atribución. Tras realizarse el referido inventario, se acordará  un monto mínimo al que se le permitirá el acceso para cubrir gastos básicos, quedando expresamente prohibido igualmente,  operaciones de compra-venta que excedan el monto acordado, pues ello podría interpretarse como algún intento de dar dinero a los secuestradores. Seguidamente, el artículo 26 prohíbe, todo crédito, fianza, aval o cualquier suministro de recurso destinado al pago para la liberación del secuestrado o el pago de extorsiones.

Con la modficación de este artículo, la Asamblea Nacional pretende “…preservar la vida de la persona secuestrada y evitar el pago…” tal y como señala el diputado Juan Mendoza, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. Opinión no compartida, paradójicamente por el ente competente para la ejecución de esta norma; pues en declaraciones recientes, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz advirtió que el mencionado cambio, “podría fomentar la impunidad frente al delito de secuestro, por cuanto las víctimas y sus familiares se abstendrán de denunciar ante la posible “congelación” de sus bienes.“

En Venezuela Sin Secuestro consideramos que los cambios realizados en la legislación, constituyen un cercenamiento de la Libertad Individual y la Propiedad Privada, que lejos de proteger a las víctimas y sus familiares, reducirán dramáticamente las las denuncias formales ante los organismos competentes, produciendo a su vez, estadísticas irreales de la problemática. Recordemos que el Secuestro en Venezuela es un delito fundamentalmente económico, ante el cual, los cuerpos de seguridad no han demostrado más que ineficacia  y consideramos que las referidas modificaciones harán doblemente víctimas a quienes atraviesan en un proceso tan duro y doloroso como es la privación de la libertad de un ser querido.

La señalada ley puede ser leída a través de http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=&gid=253

La realidad actual en Venezuela, nos obliga a detenernos a analizar uno de los más terribles problemas que aquejan a nuestra población. Este no es otro que el mal que representa la inseguridad personal y sus trágicos efectos sobre una sociedad, que cada día se ve más desprotegida y a merced de un hampa, que pareciese llegó a sobrepasar los niveles de respuesta del Estado Venezolano para reprimirla. Los sondeos de opinión que se han consultado, nos reflejan que en todos los estratos sociales de nuestra nación, la falta de seguridad para las personas y sus bienes, ocupa el primer lugar en los mismos, muy por encima de problemáticas tan graves como la salud, el desempleo y la inflación.

Por esta razón nos vimos motivadas a investigar con detenimiento, cuales de los delitos son los que en estos momentos afectan mayormente a los venezolanos. Así las cosas, todo ello ha generado, un trágico balance que nos hace estar ya catalogados en el ámbito internacional, como uno de los países más violentos e inseguros del planeta. Atendiendo entonces a las señaladas circunstancias, escogimos al Secuestro en Venezuela, como el tema a ser para este blog, toda vez que los últimos acontecimientos ocurridos con relación a tan cruel acción delictual, ha provocado una sensación de malestar, dolor y temor en nuestra población, de lo que no escapan ni ricos ni pobres.

Ciertamente, al adentrarnos en el estudio y análisis de las causas de este pernicioso flagelo, nos encontramos que en buena medida esto se debe, a la descomposición social y moral por que afecta a nuestra patria. Sin poder dejar de lado, la mención relacionada a la siembra constante de odio y violencia, que permanentemente se transmite a través de encendidos discursos desde las más altas esferas del Poder Público Nacional. Resulta inexplicable que la pobreza y la marginalidad aumentan año tras año, sin que las autoridades competentes encuentren una fórmula efectiva que permita enfrentarlas.

Podemos afirmar, que el delito en Venezuela ha crecido de forma vertiginosa, paradójicamente cuando al país se encuentran ingresando altísimos recursos económicos, nunca antes vistos en su historia republicana; todo ello producto de la exportación del petróleo, sin que se noten realmente, mínimos progresos en la calidad de vida de las personas de escasos recursos. Asimismo, debemos destacar que de países vecinos, como Colombia, han emigrado hacia nuestras fronteras grupos de hampones, desertores de guerrillas y paramilitares, especialistas en estas prácticas de secuestro, que se han “asociado” con la delincuencia venezolana, para perpetrar estos hechos tan abominables, en perjuicio de una población que luce cada vez más desprotegida y asustada.Dentro de las páginas que componen el análisis en cuestión, observaremos como el Secuestro ha venido avanzando cada vez más en nuestro país, sin que los órganos de seguridad del Estado, se muestren en capacidad para evitarlo y enfrentarlo, ya que a éstos les afecta, por lo que pudimos percibir, una notable carencia de recursos humanos y materiales que les permitan combatir a unas organizaciones delictivas, que parecieran estar mucho más preparadas y dotadas, que la mayoría de los cuerpos policiales. Tampoco encontramos serias políticas de seguridad que se dediquen por parte del Gobierno, a servir de brazo rígido que impida o evite que se sucedan hechos de tal naturaleza en contra de seres inocentes.

Se pretende, plantear entonces, un mecanismo o vía, que frene a tan dura realidad, permita a las victimas del Secuestro, encontrar caminos de orientación que le auxilien al momento de encontrarse atravesando una situación tan difícil y desconcertante, como lo es un Secuestro de un familiar o ser querido. La propuesta es en síntesis, proponer la creación en Venezuela de una institución, que ante la falta o morosidad del Estado en este sentido, se ocupe ésta de atender profesional y técnicamente a las victimas y su familia, de todo el caos, tragedia y confusión que genera la perpetración del hecho punible más ruin, alevoso y cruel que pueda conocer la humanidad, como lo es el Secuestro y sus nefastas secuelas.